Brasil: Temor por la seguridad

En la página de la Red de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Brasil: Temor por la seguridad

Familiares y vecinos de Aurina Rodrigues Santana, Rodson da Silva Rodrigues y Paulo Rodrigo Rodrigues Santana Braga

Aurina Rodrigues Santana, su esposo Rodson da Silva Rodrigues y su hijo Paulo Rodrigo Rodrigues Santana Braga fueron asesinados a tiros el 14 de agosto mientras dormían en su casa del barrio de Calabatão en Salvador, estado de Bahía. Se teme que sus otras tres hijas y los vecinos que presenciaron el ataque corran peligro.

Se cree que el ataque fue una venganza porque la familia había denunciado que Paulo, de 19 años, y su hermana de 13 habían sido torturados por cuatro agentes de la policía militar. Se encontraron numerosas bolsitas de droga cerca de los cadáveres, pero los vecinos y los abogados que representan a la familia creen que las pusieron allí los asesinos para sugerir que los tres habían muerto en una disputa entre bandas de narcotraficantes.

Dos de las hijas de Aurina, de 8 y 15 años, declararon que varios hombres enmascarados habían entrado en la casa durante la noche y habían ejecutado a la familia mientras dormía. Las dos niñas y su hermana de 13 años, que no estaba presente durante los asesinatos, se han escondido, al igual que varios vecinos, ante el temor a nuevos ataques.

El 21 de mayo, cuatro agentes de la policía militar entraron en la casa de la familia, supuestamente en busca de drogas y armas. Propinaron puñetazos y patadas a Paulo y a su hermana de 13 años, y les exigieron que les entregaran lo que andaban buscando. Los policías les pusieron bolsas de plástico en la cabeza en un intento de asfixiarlos y vertieron aceite caliente sobre la cabeza de Paulo. Los jóvenes dijeron más tarde que los policías los habían amenazado con matarlos si denunciaban lo sucedido. Según la descripción de los vecinos, los policías no llevaban placas de identificación; sin embargo, los vecinos sí tomaron el número de matrícula del auto patrulla. También afirmaron que los agentes los habían amenazado al marcharse.

Aurina, activista del Movimiento de los Sin Techo (Movimento Sem Teto), denunció inmediatamente el suceso ante la comisión de derechos humanos del estado. La familia, que negó toda implicación en actividades delictivas, creía que el ataque era una respuesta a la petición que Paulo le había hecho a un vecino para que le devolviera 40 reales (unos 20 dólares estadounidenses) que le debía. Según la prensa local, el oficial al mando del batallón local de la policía militar rechazó las denuncias, y dijo que los agentes iban en misión oficial, aunque reconoció que el no haber llevado a los sospechosos a la comisaría para interrogarlos contravenía las normas, y dijo que se iba a abrir una investigación.

Los abogados que trabajan para CEDECA Yves de Roussan –ONG que presta asistencia letrada a menores y adolescentes–, que representan a la familia, dijeron a Amnistía Internacional que la investigación interna de la policía militar sobre las denuncias de tortura había tenido graves defectos. Subrayaron que las declaraciones realizadas por el oficial al mando de la policía militar en la región rechazando las denuncias de tortura habían minado seriamente el proceso. Las investigaciones abiertas por la policía civil sobre el homicidio de los tres miembros de la familia también se han visto obstaculizadas por la reticencia de los testigos a prestarse a declarar.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En mayo de 2006, Amnistía Internacional visitó, junto con miembros de CEDECA Yves de Roussan y otras organizaciones de derechos humanos, varias comunidades sometidas a privaciones sociales a las afueras de Salvador. En sus entrevistas con los residentes, Amnistía Internacional recibió informes constantes de violencia policial y discriminación, así como de varios homicidios que parecían obra de “escuadrones de la muerte”. En sus reuniones con las autoridades del estado, Amnistía Internacional fue informada de que el gobierno que ocupaba entonces el poder reconocía la existencia de “escuadrones de la muerte”, en los que participaban agentes de policía tanto en activo como retirados, y que se había establecido una unidad especial para investigarlos. Sin embargo, Amnistía Internacional recibió más tarde información que indicaba que muchas de las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos en las que estaban implicados policías o presuntos “escuadrones de la muerte” quedaban impunes.

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