Sri Lanka: Desaparición

En la Red de Acciones Urgentes de Amnistía internacional:

Sri Lanka: Desaparición
Stephen Sunthararaj, defensor de los derechos humanos

El 7 de mayo, Stephen Sunthararaj fue secuestrado por cinco hombres vestidos con uniforme del ejército y armados con pistolas mientras viajaba en el automóvil de su abogado en la capital de Sri Lanka, Colombo. Stephen Sunthararaj, que había estado bajo custodia policial, había quedado en libertad sin cargos unas horas antes del secuestro, después del cual no se ha vuelto a saber nada de él. Amnistía Internacional teme que haya sido sometido a desaparición forzada por trabajar como jefe de proyecto en el Centro para los Derechos Humanos y el Desarrollo de Colombo.

El 12 de febrero, un grupo de oficiales del ejército había detenido a Stephen Sunthararaj en Colombo, cerca de su oficina. Trasladado bajo custodia policial, había permanecido recluido sin cargos hasta el 7 de mayo, fecha en que quedó en libertad sin cargos al no haber indicio alguno que lo implicara en ningún delito. En el momento de su secuestro, Stephen Sunthararaj viajaba en el automóvil de su abogado con su esposa y dos hijos. Dos hombres en motocicletas pararon delante del vehículo para obligarlo a detenerse. Cuando lo hizo, se detuvo junto a él una furgoneta blanca de donde salieron cinco hombres, vestidos con uniforme del ejército y armados con pistolas, que arrastraron a Stephen Sunthararaj fuera del coche y lo obligaron a entrar en la furgoneta. Los hombres huyeron del lugar en la camioneta después de que uno de ellos retirara las llaves del vehículo en el que iban Stephen Sunthararaj y su familia.

Agentes de la comisaría de Cinnamon Garden de Colombo llevaron el vehículo con el resto de sus pasajeros a la comisaría, donde tomaron declaración a la esposa y el abogado de Stephen Sunthararaj. No se ha abierto investigación alguna.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En junio de 2008, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la elevada cifra de informes sobre casos recientes de desapariciones forzadas en Sri Lanka. El Grupo recibió 212 informes de desapariciones en 2008 y expresó su preocupación por la posibilidad de que muchas más no se hubieran denunciado por temor a represalias. Las autoridades srilankesas siguieron negando la magnitud de los informes de desapariciones forzadas y no han abierto investigaciones independientes.

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, cingalés, tamil o su propio idioma:
– expresando su preocupación por la seguridad de Stephen Sunthararaj, secuestrado por hombres uniformados el 7 de mayo
– pidiendo a las autoridades de Sri Lanka que ordenen de inmediato una investigación imparcial sobre su secuestro a fin de establecer su paradero y poner a todos los responsables a disposición judicial
– instando a las autoridades a garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden seguir desempeñando su labor legítima sin temor a sufrir hostigamiento o intimidación.

Infórmate – Indígnate – Actúa

Arabia Saudita: Torturas y malos tratos

En la página de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Arabia Saudita: Torturas y malos tratos

Muhammad ‘Ali Muhammad al-Sfawani (h), Hassan Muhammad al-Sadiq (h), Qassim Muhammad al-Mawsi (h), Muhammad ‘Arif Muhammad al-Dahim (h), ‘Abdullah Muhammad al-Khalaf (h), Mustafa Muhammad al-Fardan (h), Nouh ‘Ali Salih ‘Abdu, Makki Al-‘Abbas (h)

Estas ocho personas, seis de las cuales son menores de edad, pertenecen a la minoría chií de la Provincia Oriental de Arabia Saudí. Se encuentran recluidas en régimen de incomunicación y corren riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos.

Fueron detenidas tras unas manifestaciones celebradas en la Provincia Oriental en protesta por la detención, por las fuerzas de seguridad, de chiíes que habían ido a visitar la tumba del profeta Mahoma a la ciudad de Medina, en el oeste de Arabia Saudí, en febrero de 2009. Si se encuentran recluidas simplemente por haber participado en una manifestación pacífica, Amnistía Internacional las considerará presos de conciencia.

Los seis menores, todos ellos de entre 14 y 16 años, fueron detenidos entre el 4 y el 8 de marzo de 2009 y se hallan recluidos en un centro de menores de Al Jober, en la provincia Oriental. Según informes, a la mayoría, si no a todos, se les han negado las visitas de sus familias. De acuerdo con la información recibida por Amnistía Internacional, fueron detenidos por participar en una protesta organizada el 27 de febrero de 2009 en Safwa, en la Provincia Oriental, en relación con los sucesos de Medina, y es posible que fueran también sospechosos de arrojar piedras a las fuerzas de seguridad.

Nouh ‘Ali Salih ‘Abdul Jabbar y Makki Al-‘Abbas fueron detenidos tras una concentración organizada en Al ‘Awamiya, Provincia Oriental, el 19 de marzo de 2009. Al parecer, sus familias ignoran su paradero actual. La concentración se había convocado en protesta por una orden de detención dictada contra Sheikh Nimr Baqir al-Namr, destacado clérigo chií e imán de una mezquita de Al ‘Awamiya. Al parecer, el motivo de la orden de detención había sido la actitud crítica del clérigo por las agresiones contra visitantes chiíes de la tumba del profeta Mahoma y la intolerancia religiosa en general de que es objeto la comunidad chií de Arabia Saudí.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La gran mayoría de los saudíes son musulmanes sunníes, y el credo oficial del Estado es la doctrina wahhabí del islam. El Estado considera el islam chií incompatible con el wahhabí e impone restricciones a su práctica.

Las autoridades saudíes suelen recluir a los detenidos en régimen de incomunicación, cuando a menudo son torturados y sometidos a otros malos tratos. En Arabia Saudí no están permitidas las manifestaciones. Quienes desafían esta prohibición suelen ser recluidos en régimen de incomunicación, sin cargos, sin acceso a un tribunal ante el que impugnar la legalidad de su detención y con riesgo de ser torturados.

En febrero de 2009, unos miembros del Comité para la Prevención del Vicio y la Promoción de la Virtud, conocido también como Mutawa’een o policía religiosa, grabaron en vídeo a mujeres chiíes que habían ido a visitar la tumba del profeta Mahoma en Medina, causando la ira de un grupo más numeroso de hombres y mujeres chiíes que visitaban también el lugar y que fueron a manifestarse ante las oficinas del Comité en Medina para exigir que se les entregara la grabación. La situación degeneró en una serie de enfrentamientos, al agredir miembros del Comité a los manifestantes. Algunos de éstos sufrieron lesiones, y al menos nueve fueron detenidos, si bien quedaron en libertad alrededor de una semana después. Según el ministro del Interior saudí, príncipe Naif bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud, también fueron detenidas algunas personas de la comunidad sunní.

El 14 de marzo de 2009, en información sobre las detenciones practicadas por el incidente, se comunicó que el ministro del Interior había dicho: “Los ciudadanos tienen derechos y deberes; sus actividades no deben contradecir la doctrina de la Umma. Es la doctrina de los sunníes y de nuestros rectos antepasados. Hay ciudadanos que siguen otras escuelas de pensamiento, y los que son inteligentes deben respetar esta doctrina”.

EE.UU. (Ohio) Pena de muerte / preocupación jurídica

De la Red de Acciones Urgentes, Amnistía Internacional (España):

Pena de muerte / preocupación jurídica

EE. UU. (Ohio)    Brett Xavier Hartman, blanco, de 34 años de edad

Está previsto que Brett Hartman sea ejecutado en Ohio el 7 de abril. Fue condenado a muerte en 1998 por el asesinato de Winda Snipes, cometido en 1997. La Junta de Libertad Condicional de Ohio ha recomendado que el gobernador Ted Strickland no intervenga para detener la ejecución, pero esa recomendación no es vinculante para el gobernador.

Winda Snipes, de 46 años, fue asesinada en su apartamento de Akron, Ohio, el 9 de septiembre de 1997. Le habían asestado múltiples puñaladas y la habían degollado. Después de morir, le habían cercenado las manos. A Brett Hartman, que entonces tenía 23 años, se le había visto con Winda Snipes -con la que mantenía una relación sexual- en las horas previas a su muerte. Al atardecer del 9 de septiembre, la policía recibió una serie de llamadas anónimas en las que les decían que fueran al edificio de apartamentos , y que allí encontrarían un cadáver. Brett Hartman dijo a la policía al día siguiente que era él quien había hecho las llamadas, y que él había encontrado el cadáver. Dijo que había dejado a Winda Snipes viva en su apartamento en la madrugada del 9 de septiembre y que, cuando había regresado al atardecer de ese mismo día, había encontrado su cadáver mutilado. Según dijo, le entró el pánico, trató de retirar cualquier prueba que lo relacionara con el apartamento, y se marchó. Asegura que él no mató a Winda Snipes.

Brett Hartman fue juzgado por el asesinato, declarado culpable el 30 de abril de 1998 y condenado a muerte al mes siguiente. Durante el proceso de apelación se ha cuestionado la calidad de la asistencia letrada con la que contó durante la fase procesal de determinación de la pena. El tribunal federal de primera instancia, por ejemplo, confirmó la condena de muerte pese a señalar que la presentación de testimonios atenuantes por parte de los abogados no había sido “ejemplar”, y podría haber incumplido las normas recomendadas por el Colegio Estadounidense de Abogados.

En 2007, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, corte federal, examinó la cuestión de la asistencia letrada de Hartman durante la fase de determinación de la pena. Durante las vistas de determinación de la pena, celebradas en mayo de 1998, los abogados de Hartman sólo presentaron dos testigos: la hermana y la tía de Hartman. No presentaron como prueba el informe, fechado en mayo de 1998, de un psicólogo clínico y forense, el Dr. James Siddall, que había evaluado a Hartman, y tampoco citaron al psicólogo como testigo. El informe del Dr. Siddall identificaba 10 factores atenuantes, incluidos el historial familiar de alcoholismo de Hartman, sus graves problemas con el alcohol y otras sustancias durante su niñez y su adolescencia, y la infancia sumamente inestable que había soportado, que incluía periodos de vivir en la calle. El informe señalaba también testimonios corroborados de que Hartman había sufrido abusos a manos de sus padrastros.

En julio de 2007, la Corte del Sexto Circuito concluyó que la asistencia letrada de Hartman durante la fase de determinación de la pena había sido constitucionalmente adecuada. Resolvió que el testimonio ofrecido por la hermana y la tía de Hartman había abordado hasta cierto punto la mayor parte de las cuestiones planteadas en el informe del Dr. Siddall, “aunque desde una perspectiva laica”. Uno de los tres jueces discrepó, alegando que debía otorgarse a Brett Hartman una nueva vista de determinación de la pena. El juez Eric Clay escribió que “la defensa no proporcionó una representación objetivamente razonable durante la fase de presentación de factores atenuantes”, al no haber, entre otras cosas, investigado más a fondo las diversas cuestiones planteadas en el informe del psicólogo. El juez Clay concluyó también que el abogado defensor no había presentado pruebas atenuantes que tenía en su poder, como por ejemplo pruebas de que Hartman sufría una serie de problemas de salud mental.

El juez Clay escribió que “las cifras en este caso dan una imagen abrumadora”: el Dr. Siddall identificó 10 factores atenuantes; el abogado defensor recibió el informe de Siddall “tan sólo cinco días” antes de la fase de determinación de la pena; sólo se citó a dos testigos para dar un testimonio atenuante; la totalidad de los argumentos atenuantes ocupaban únicamente 40 páginas de transcripción; y la argumentación final de la defensa sólo ocupaba 10 páginas de transcripción, “culminando con una historia de dos páginas y media sobre el antiguo filósofo y orador griego Esquilo”, cuya conclusión fue que el abogado de Hartman dijo al jurado: “la respuesta está en su mano”. Según el juez Clay, tanto cuantitativa como cualitativamente, “la actuación de la defensa quedó por debajo de las normas profesionales establecidas”.

En febrero de 2009, la Junta de Libertad Condicional de Ohio examinó la solicitud de indulto de Hartman. En ella se reiteraba que el abogado que defendió a Hartman en el juicio sólo presentó al jurado “una pequeña porción de la historia de Hartman […] unos cuantos incidentes aislados […] sin explicar cómo habían afectado a su desarrollo o su comportamiento […] Es evidente que el caos, los constantes traslados, el aislamiento, el rechazo y los abusos psicológicos que Brett sufrió de niño tuvieron efectos sumamente negativos en su desarrollo”. La Junta rechazó esa alegación por considerarla “sin fundamento”. Según la Junta, “Brett Hartman recibió un juicio justo en el que el jurado escuchó su historia personal”.

Durante su estancia en el “corredor de la muerte”, Brett Hartman ha realizado estudios jurídicos y se ha ordenado como ministro de la Iglesia, además de impartir clases de pintura. La Junta ha concluido que, “pese a sus logros en prisión, no hay buenas obras suficientes para mitigar los horrores y la brutalidad de su crimen”. La Junta escuchó el testimonio de una amiga de Winda Snipes, “en nombre de la víctima y de la familia de la víctima”, y señaló que “la familia de la víctima quiere que la ejecución de Brett Hartman siga adelante”.

Brett Hartman dijo a la Junta que él no había matado a Winda Snipes. Escribió: “Siempre me he sentido fatal por su muerte, por la manera en que murió y la forma en que eso ha afectado a su familia. Nadie debería tener que soportar lo que Winda soportó, y ninguna familia debería perder a un ser querido como su familia perdió a Winda”. La Junta concluyó que, pese a las pruebas que apuntaban a su culpabilidad, “no muestra remordimientos”, y denegó el indulto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. Poner fin a la pena de muerte es abandonar una política pública destructiva, divisiva y que distrae la atención y los recursos y no es conforme con los valores generalmente aceptados. No sólo entraña el riesgo de cometer un error irreparable, sino que también es costosa, tanto en términos sociales y psicológicos como para el presupuesto público (un hecho que cada vez suscita más preocupación pública en Estados Unidos, dado el actual clima económico). No se ha demostrado que tenga un especial efecto disuasorio. Tiende a aplicarse de manera discriminatoria, por razones de raza y clase. Niega la posibilidad de la reconciliación y la rehabilitación. Promueve respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en lugar de buscar explicaciones que podrían servir de base a estrategias positivas. Prolonga el sufrimiento de la familia de la víctima y lo extiende a los seres queridos del condenado. Desvía recursos que podrían emplearse mejor en trabajar contra la delincuencia violenta y ayudar a quienes se ven afectados por ella. Es un síntoma de la cultura de la violencia, no una solución a ella. Constituye una afrenta a la dignidad humana. Debe ser abolida.

Desde que se reanudaron los homicidios judiciales en Estados Unidos en 1977, se han llevado a cabo en el país 1.156 ejecuciones, 28 de ellas en Ohio. En lo que llevamos de 2009 se han llevado a cabo 20 ejecuciones, ninguna de ellas en Ohio.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, utilizando sus propias palabras:

–     explicando que no pretenden disculpar el asesinato de Winda Snipes ni menospreciar el sufrimiento que ha causado;
–     expresando preocupación porque, en la fase de determinación de la pena del juicio de Brett Hartman, el jurado no tuvo conocimiento de todos los factores atenuantes ni escuchó el testimonio de ningún experto, y señalando la fuerte discrepancia de la Corte del Sexto Circuito sobre este caso;
–     señalando que Brett Hartman sigue afirmando su inocencia;
–     manifestando pesar por la votación de la Junta en contra de recomendar el indulto;
–     instando al gobernador a conceder el indulto y conmutar la condena de muerte de Brett Hartman;
–     pidiendo al gobernador que apoye una suspensión de las ejecuciones en Ohio, con vistas a la abolición.

LLAMAMIENTOS A:

Gobernador de Ohio
Governor Ted Strickland
Governor’s Office, Riffe Center, 30th Floor, 77 South High Street, Columbus, OH 43215-6108, EE. UU.
Fax:     +1 614 466 9354
Correo-e.: Desde Estados Unidos: http://www.governor.ohio.gov/Assistance/ContacttheGovernor/tabid/150/Default.aspx
Correo-e.: Desde fuera de Estados Unidos: governor.strickland@das.state.oh.us
Tratamiento:     Dear Governor / Sr. Gobernador

Infórmate, Indígnate, Actúa.

Siria: Torturas y malos tratos

En la página de la Red de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Siria: Torturas y malos tratos
Mustafa Jum’ah, de 62 años, activista político kurdo

El activista político kurdo Mustafa Jum’ah se encuentra recluido en régimen de incomunicación desde el 10 de enero, cuando fue detenido por agentes de los servicios de Inteligencia Militar. Se cree que ésta bajo custodia de estos servicios, posiblemente, según informes, en el centro de detención e interrogatorio de Damasco conocido como Far’ Falastin. Este lugar es notorio por practicarse en él tortura, por lo que existe un gran riesgo de que Mustafa Jum’ah sea torturado.

Amnistía Internacional cree que Mustafa Jum’ah podría ser preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación Se cree que lo han detenido por sus actividades pacíficas como alto cargo del grupo político Partido Azadi (Libertad) Kurdo en Siria, en el que desempeñaba las funciones de su líder exiliado. Sólo el grupo político gobernante, el Partido Baás, y los partidos aliados con él están autorizados en Siria; los partidarios de los grupos de oposición corren constantemente riesgo de detención.

Mustafa Jum’ah padece hipertensión arterial y asma, problemas de salud que pueden agravarse en las duras condiciones de reclusión que soporta.

Mustafa Jum’ah tuvo que presentarse el 6 de enero en el centro de detención e interrogatorio de los servicios de Inteligencia Militar de Alepo, donde vive, en el noroeste de Siria. Según informes, este centro remitió su caso a Far’ Falastin, donde, según la información recibida por Amnistía Internacional, tuvo que presentarse en dos ocasiones el 8 de enero antes que acudiera para su interrogatorio el 10 de enero, cuando quedó detenido.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los kurdos de Siria sufren discriminación debido a su etnia. A muchos se les niega la nacionalidad siria y no tienen pleno derecho a la educación, el empleo, la atención de la salud y otros servicios de que disfrutan los ciudadanos sirios. Los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil kurdos, así como las personas a quienes se considera relacionadas con partidos políticos kurdos o con grupos que denuncian el trato que reciben los kurdos en Siria, están especialmente expuestos a sufrir detención arbitraria y, en muchos casos, tortura. Sa’dun Sheikhu y Mohammad Sai’d ‘Omar, altos cargos del Partido Azadi (Libertad) Kurdo en Siria, se encuentran recluidos en régimen de incomunicación en Far’ Falastin desde el 25 de octubre de 2008. (Véase AU 339/08, Índice AI: MDE 24/036/2008, 11 de diciembre de 2008).

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:

– expresando preocupación por el hecho de que Mustafa Jum’ah se encuentre recluido en régimen de incomunicación, por lo que está expuesto a sufrir tortura
– pidiendo a las autoridades que garanticen que no es torturado ni sometido a otros malos tratos y recordándoles que Siria es Estado Parte en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
– instando a las autoridades a que le permitan recibir de inmediato visitas de su familia y tener acceso a un abogado de su elección y a los servicios médicos que pueda necesitar
– pidiendo a las autoridades que lo dejen en libertad de inmediato si no va a ser acusado de ningún delito común reconocible
– expresando preocupación por la posibilidad de que sea preso de conciencia, detenido únicamente por la expresión pacífica de su derecho a la libertad de expresión y asociación, en cuyo caso debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.

Iran: Pena de muerte

En la página de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Iran: Pena de muerte

Bahman Salimian, de 27 años, condenado a muerte por un delito cometido cuando era menor de edad

Bahman Salimian, condenado a muerte por un delito cometido cuando era menor de edad, corre de nuevo riesgo inminente de ejecución. Su familia ha dicho a su abogado que hacia el 22 de enero recibió aviso de la ejecución, prevista ahora para el 5 de febrero en la prisión de Esfahan.

Bahman Salimian fue condenado a qesas (castigo equivalente al delito) por la Sección 33 del Tribunal Supremo tras ser declarado culpable del asesinato de su abuela, cometido en 1996, cuando tenía 15 años de edad. La ejecución se había fijado para el 28 de agosto de 2008, pero las autoridades judiciales la suspendieron tres días antes para que pudieran hacerse nuevos intentos de conciliación a fin de negociar el indulto de un tío de Bahman Salimian, el único de sus familiares que insistía todavía en que la ejecución se llevara a cabo. Sus otros dos tíos lo habían indultado.

Bahman Salimian afirmó reiteradamente a lo largo del juicio que su abuela, de 70 años, había dicho que iba a suicidarse, por lo que él la mató a fin de que sufriera lo menos posible. Al conocer el motivo tan poco corriente del asesinato, el juez ordenó someter a Bahman Salimian a un examen psicológico. Los peritos determinaron que padecía un trastorno psicológico, por lo que el juez lo condenó a cinco años de prisión y al pago de una indemnización, o diyeh (“dinero de sangre”), que debían pagar sus padres. Algunos miembros de la familia de su abuela apelaron contra la condena y pidieron la pena de muerte, tras lo que la Sección 33 del Tribunal Supremo anuló la sentencia del tribunal de primera instancia y condenó a Bahman Salimian a qesas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Desde 1990 Irán ha ejecutado a 42 personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, ocho de ellas en 2008, y una el 21 de enero de 2009.
La ejecución de personas que eran menores de 18 años en el momento del delito está prohibida por el derecho internacional, concretamente por el artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y por la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados que Irán está obligado a cumplir por ser Estado Parte en ellos.

En Irán, la persona declarada culpable de asesinato no tiene derecho a solicitar un indulto o la conmutación de la pena al Estado, lo que constituye una violación del artículo 6.4 del PIDCP. La familia de la víctima del asesinato tiene derecho a insistir en la ejecución o a indultar al asesino y recibir una indemnización. De acuerdo con la legislación iraní que regula la pena de qesas, si un miembro de la familia de la víctima se niega a indultar al condenado, incluso si los demás miembros reciben la suma apropiada en concepto de diyeh la condena de muerte debe ejecutarse.

Para más información sobre las ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito en Irán, véase Irán: El último verdugo de menores (MDE 13/059/2007, junio de 2007), en http://www.amnesty.org/es/report/info/MDE13/059/2007

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en persa, en inglés, en árabe o en su propio idioma:

– expresando preocupación por el hecho de que Bahman Salimian corra riesgo inminente de ejecución por un delito cometido siendo menor de 18 años
– pidiendo a las autoridades que le conmuten la pena de muerte
– recordando a las autoridades que Irán es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados que prohíben el uso de la pena de muerte contra personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.

Indignate.
Actúa.

Honduras: Temor por la seguridad

En la página de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Honduras: Temor por la seguridad

Defensora transgénero de los derechos humanos (Amnistía Internacional conoce el nombre) y muertas: Cintia Nicole Moreno, defensora transgénero de los derechos humanos

Al parecer, unos agentes de policía han propinado una paliza a una mujer transgénero, activista sobre el VIH/sida y profesional del sexo, después de que ésta se negara a darles su dinero. A continuación la amenazaron de muerte si denunciaba el incidente. La vida de esta mujer corre peligro. Otras tres mujeres transgénero –la última de ellas Cintia Nicole Moreno, el 9 de enero– han muerto de forma violenta en una zona cercana en los tres últimos meses.

Cuatro agentes de policía en un auto patrulla se acercaron a la mujer transgénero –que ha pedido a Amnistía Internacional que no haga público su nombre– hacia la una menos cuarto de la madrugada del 20 de diciembre de 2008 en el distrito de Palmira, en la capital, Tegucigalpa. En ese momento, ella trabajaba como profesional del sexo. Los policías trataron de robarle y, al oponer ella resistencia, la agarraron del pelo y le golpearon repetidamente la cabeza contra una ventana cercana, hasta el punto de romper el cristal. La mujer sufrió numerosos cortes en la cara y las rodillas.

Los agentes entonces le dijeron que iban a detenerla por romper una ventana para entrar por la fuerza en una propiedad privada. La llevaron a la comisaría local, y luego a un centro de salud de la zona para que la trataran de sus heridas. Como sangraba, ella informó a los agentes de que era seropositiva, y éstos le respondieron: “perra sidosa, gente como ustedes tiene que estar en un lugar aparte”. Durante el camino, también le dijeron: “si hablas, te dejaremos muerta en el monte”. Luego la llevaron de vuelta a la comisaría, y la dejaron en libertad sin cargos hacia las once y media de la mañana. La mujer transgénero ha presentado recientemente una denuncia formal por este incidente ante la sección de derechos humanos del Ministerio Público.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las mujeres transgénero que trabajan como profesionales del sexo sufren agresiones frecuentes de clientes o policías. Tres de ellas han muerto a manos de individuos no identificados en los últimos tres meses mientras trabajaban en la zona de Comayagüela, cerca de Palmira. Jazmín Zelaya murió el 30 de octubre de 2008, y su cadáver se encontró junto a una carretera. Otra mujer transgénero murió el 17 de diciembre de 2008. Cintia Nicole Moreno, también activista que trabajaba para promover los derechos humanos de las personas transgénero, murió el 9 de enero de 2009 hacia la una de la madrugada. No se ha llevado a nadie ante la justicia por estos homicidios.

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

– expresando preocupación por la seguridad de la defensora transgénero de los derechos humanos golpeada y amenazada de muerte, al parecer por cuatro policías, en el distrito de Palmira, Tegucigalpa, el 20 de diciembre
– instando a las autoridades a garantizar que se toman medidas inmediatas, efectivas y adecuadas para garantizar la seguridad de esta defensora, de estricta conformidad con los deseos de la propia afectada
– pidiendo al fiscal general del Estado que ordene investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre este y otros incidentes de acoso, agresiones violentas y homicidios de personas transgénero, que haga públicos los resultados de esas investigaciones y que lleve a los responsables de estos hechos ante la justicia
– pidiendo al presidente y al ministro de Seguridad Pública que dejen claro que la violencia contra las personas transgénero no se tolerará, y que los responsables de estos delitos comparecerán ante la justicia.

Estados Unidos: Preocupación jurídica

En la página de la Red de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Estados Unidos: Preocupación jurídica
17 detenidos uigures recluidos en Guantánamo

Diecisiete uigures permanecen recluidos bajo detención militar indefinida en la base naval estadounidense de bahía de Guantánamo, Cuba, más de un mes después de que un juez federal resolviera que su prolongada detención es ilegal y ordenara que fueran liberados en territorio estadounidense. El gobierno obtuvo de un tribunal superior una suspensión de emergencia de la orden, y ahora ese tribunal superior celebrará una vista oral el 24 de noviembre para escuchar los argumentos sobre el tema.

Estados Unidos ha admitido que los uigures no pueden ser devueltos a su China natal porque allí correrían un grave peligro de tortura o ejecución. Sin embargo, en sus más de cuatro años de intentarlo no ha podido encontrar un país dispuesto a aceptarlos. Según afirma, se ha puesto en contacto –en ocasiones más de una vez– con casi un centenar de países. Está claro que, en la actualidad, la única manera de poner fin a la detención indefinida de los uigures es dejarlos en libertad dentro de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno se niega a contemplar esa posibilidad, y ha acudido a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia para que anule la orden del juez Urbina y permita que los detenidos permanezcan en Guantánamo hasta que se encuentre la solución de un tercer país que Estados Unidos no ha podido encontrar desde hace años.

El gobierno alega que la orden del juez Urbina debe anularse porque “salvo que la ley autorice lo contrario, ningún tribunal está facultado para revisar la decisión del ejecutivo de excluir a un extranjero de este país”. El juez Urbina había reconocido lo delicado de la intervención judicial en “un ámbito normalmente dominado por las ramas políticas”, pero señaló que era el gobierno el que había llevado a los uigures a Guantánamo, que no los había acusado de delito alguno ni había presentado “pruebas fiables de que puedan constituir una amenaza para los intereses estadounidenses”, y que es el gobierno el que ha “frustrado” sus propios esfuerzos por encontrar un tercer país que los acoja, ya que hasta hace poco los ha calificado de “combatientes enemigos”. El juez Urbina señaló también que había personas y organizaciones dispuestas a ayudar a los uigures a reasentarse en Estados Unidos “proporcionándoles alojamiento, trabajo, dinero, educación y otros servicios espirituales y sociales”.

El juez Urbina había preguntado al gobierno qué amenaza constituirían los uigures en caso de ser puestos en libertad en territorio estadounidense, pero el gobierno no presentó ninguna prueba al respecto. Ahora, en su intento de conseguir la anulación de la orden, el gobierno ha retratado a los uigures como individuos peligrosos que “trataron de hacer una campaña de terror contra un gobierno soberano” y que recibieron “adiestramiento en el manejo de armas” en Afganistán tras huir allí desde China. Desde entonces, una juez de la Corte de Apelaciones ha señalado que el gobierno no ha presentado “prueba alguna” de que los uigures constituyan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos “o para la seguridad de la comunidad o de cualquier persona”. La juez añadió que el hecho de que uno o más de los uigures recibieran adiestramiento en el manejo de armas de fuego “no demuestra por sí solo que sean peligrosos, a menos que millones de ciudadanos estadounidenses que han recibido adiestramiento en el manejo de armas de fuego sean considerados peligrosos”.

El gobierno alega que, incluso si los uigures “estuvieran de pie en la frontera de la nación”, probablemente se les denegaría la entrada por motivos de seguridad, en virtud de la imprecisa ley de inmigración estadounidense. Incluso si los uigures “tuvieran algún derecho a entrar en Estados Unidos y ser liberados en territorio nacional”, serían puestos inmediatamente bajo detención indefinida en virtud de la ley de inmigración en espera de ser expulsados del país.

El gobierno ha afirmado que “se están llevando a cabo negociaciones sobre la posibilidad de que sean reasentados en terceros países”. Alega que una decisión que obligue al gobierno a liberar a los uigures en territorio estadounidense complicaría esas negociaciones. Según sugiere, si se llevara a los 17 uigures a Estados Unidos, “incluso nuestros amigos y aliados podrían verse menos inclinados a participar en los esfuerzos de reasentamiento para los demandantes (o, de hecho, para cualquier otro detenido)”. El hecho, no obstante, es que esos esfuerzos del Departamento de Estado estadounidense –infructuosos durante años– ya se han visto minados por la conducta del propio gobierno, tanto por haberlos calificado anteriormente de “combatientes enemigos” como por su reciente campaña de insinuaciones de que son peligrosos.

En sus informes a la Corte de Apelaciones, el gobierno ha pintado una imagen benévola de las condiciones en las que los uigures permanecen ahora “alojados” en el Campo Iguana de Guantánamo: “alojamientos comunitarios especiales con acceso a todas las áreas del campo, incluidos un espacio recreativo al aire libre y una zona de picnic”, dormitorios “en un barracón con aire acondicionado”, y “el uso de una sala de actividades equipada con diversos artículos de ocio, incluido un televisor con reproductores de vídeo y de DVD”. Los uigures también “tienen acceso a comidas especiales, duchas y materiales de biblioteca”. Aunque las condiciones actuales de los uigures son menos duras que las que han soportado anteriormente, especialmente en el Campo 6, siguen estando encarcelados. Están aislados del mundo exterior, rodeados de vallas y alambres de cuchillas, vigilados por guardias armados y por cámaras de vigilancia activadas las 24 horas del día, y con tan sólo un pequeño espacio para actividades de ocio. En las visitas de sus abogados permanecen encadenados al suelo.

Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

– expresando preocupación porque los uigures continúan recluidos en detención indefinida en Guantánamo, y porque el gobierno sigue litigando para mantenerlos allí hasta que surja la solución de un tercer país que no ha podido encontrar durante años
– expresando preocupación por el retrato no fundamentado que, en su estrategia de litigio, el gobierno estadounidense está haciendo de los uigures como individuos peligrosos, ya que esta insinuación sólo servirá para dificultar aún más la solución de un tercer país
– aplaudiendo el apoyo que la comunidad local de Estados Unidos ha prometido prestar a los uigures para ayudarlos a adaptarse a la vida fuera de Guantánamo
– pidiendo al gobierno estadounidense, en nombre del humanitarianismo y la justicia, que libere a los detenidos uigures en territorio estadounidense, y que trabaje para garantizar una solución justa, segura y duradera para estos hombres