Siria: Torturas y malos tratos

En la página de la Red de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Siria: Torturas y malos tratos
Mustafa Jum’ah, de 62 años, activista político kurdo

El activista político kurdo Mustafa Jum’ah se encuentra recluido en régimen de incomunicación desde el 10 de enero, cuando fue detenido por agentes de los servicios de Inteligencia Militar. Se cree que ésta bajo custodia de estos servicios, posiblemente, según informes, en el centro de detención e interrogatorio de Damasco conocido como Far’ Falastin. Este lugar es notorio por practicarse en él tortura, por lo que existe un gran riesgo de que Mustafa Jum’ah sea torturado.

Amnistía Internacional cree que Mustafa Jum’ah podría ser preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación Se cree que lo han detenido por sus actividades pacíficas como alto cargo del grupo político Partido Azadi (Libertad) Kurdo en Siria, en el que desempeñaba las funciones de su líder exiliado. Sólo el grupo político gobernante, el Partido Baás, y los partidos aliados con él están autorizados en Siria; los partidarios de los grupos de oposición corren constantemente riesgo de detención.

Mustafa Jum’ah padece hipertensión arterial y asma, problemas de salud que pueden agravarse en las duras condiciones de reclusión que soporta.

Mustafa Jum’ah tuvo que presentarse el 6 de enero en el centro de detención e interrogatorio de los servicios de Inteligencia Militar de Alepo, donde vive, en el noroeste de Siria. Según informes, este centro remitió su caso a Far’ Falastin, donde, según la información recibida por Amnistía Internacional, tuvo que presentarse en dos ocasiones el 8 de enero antes que acudiera para su interrogatorio el 10 de enero, cuando quedó detenido.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los kurdos de Siria sufren discriminación debido a su etnia. A muchos se les niega la nacionalidad siria y no tienen pleno derecho a la educación, el empleo, la atención de la salud y otros servicios de que disfrutan los ciudadanos sirios. Los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil kurdos, así como las personas a quienes se considera relacionadas con partidos políticos kurdos o con grupos que denuncian el trato que reciben los kurdos en Siria, están especialmente expuestos a sufrir detención arbitraria y, en muchos casos, tortura. Sa’dun Sheikhu y Mohammad Sai’d ‘Omar, altos cargos del Partido Azadi (Libertad) Kurdo en Siria, se encuentran recluidos en régimen de incomunicación en Far’ Falastin desde el 25 de octubre de 2008. (Véase AU 339/08, Índice AI: MDE 24/036/2008, 11 de diciembre de 2008).

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:

– expresando preocupación por el hecho de que Mustafa Jum’ah se encuentre recluido en régimen de incomunicación, por lo que está expuesto a sufrir tortura
– pidiendo a las autoridades que garanticen que no es torturado ni sometido a otros malos tratos y recordándoles que Siria es Estado Parte en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
– instando a las autoridades a que le permitan recibir de inmediato visitas de su familia y tener acceso a un abogado de su elección y a los servicios médicos que pueda necesitar
– pidiendo a las autoridades que lo dejen en libertad de inmediato si no va a ser acusado de ningún delito común reconocible
– expresando preocupación por la posibilidad de que sea preso de conciencia, detenido únicamente por la expresión pacífica de su derecho a la libertad de expresión y asociación, en cuyo caso debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.

Iran: Pena de muerte

En la página de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Iran: Pena de muerte

Bahman Salimian, de 27 años, condenado a muerte por un delito cometido cuando era menor de edad

Bahman Salimian, condenado a muerte por un delito cometido cuando era menor de edad, corre de nuevo riesgo inminente de ejecución. Su familia ha dicho a su abogado que hacia el 22 de enero recibió aviso de la ejecución, prevista ahora para el 5 de febrero en la prisión de Esfahan.

Bahman Salimian fue condenado a qesas (castigo equivalente al delito) por la Sección 33 del Tribunal Supremo tras ser declarado culpable del asesinato de su abuela, cometido en 1996, cuando tenía 15 años de edad. La ejecución se había fijado para el 28 de agosto de 2008, pero las autoridades judiciales la suspendieron tres días antes para que pudieran hacerse nuevos intentos de conciliación a fin de negociar el indulto de un tío de Bahman Salimian, el único de sus familiares que insistía todavía en que la ejecución se llevara a cabo. Sus otros dos tíos lo habían indultado.

Bahman Salimian afirmó reiteradamente a lo largo del juicio que su abuela, de 70 años, había dicho que iba a suicidarse, por lo que él la mató a fin de que sufriera lo menos posible. Al conocer el motivo tan poco corriente del asesinato, el juez ordenó someter a Bahman Salimian a un examen psicológico. Los peritos determinaron que padecía un trastorno psicológico, por lo que el juez lo condenó a cinco años de prisión y al pago de una indemnización, o diyeh (“dinero de sangre”), que debían pagar sus padres. Algunos miembros de la familia de su abuela apelaron contra la condena y pidieron la pena de muerte, tras lo que la Sección 33 del Tribunal Supremo anuló la sentencia del tribunal de primera instancia y condenó a Bahman Salimian a qesas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Desde 1990 Irán ha ejecutado a 42 personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, ocho de ellas en 2008, y una el 21 de enero de 2009.
La ejecución de personas que eran menores de 18 años en el momento del delito está prohibida por el derecho internacional, concretamente por el artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y por la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados que Irán está obligado a cumplir por ser Estado Parte en ellos.

En Irán, la persona declarada culpable de asesinato no tiene derecho a solicitar un indulto o la conmutación de la pena al Estado, lo que constituye una violación del artículo 6.4 del PIDCP. La familia de la víctima del asesinato tiene derecho a insistir en la ejecución o a indultar al asesino y recibir una indemnización. De acuerdo con la legislación iraní que regula la pena de qesas, si un miembro de la familia de la víctima se niega a indultar al condenado, incluso si los demás miembros reciben la suma apropiada en concepto de diyeh la condena de muerte debe ejecutarse.

Para más información sobre las ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito en Irán, véase Irán: El último verdugo de menores (MDE 13/059/2007, junio de 2007), en http://www.amnesty.org/es/report/info/MDE13/059/2007

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en persa, en inglés, en árabe o en su propio idioma:

– expresando preocupación por el hecho de que Bahman Salimian corra riesgo inminente de ejecución por un delito cometido siendo menor de 18 años
– pidiendo a las autoridades que le conmuten la pena de muerte
– recordando a las autoridades que Irán es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados que prohíben el uso de la pena de muerte contra personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.

Indignate.
Actúa.

Honduras: Temor por la seguridad

En la página de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Honduras: Temor por la seguridad

Defensora transgénero de los derechos humanos (Amnistía Internacional conoce el nombre) y muertas: Cintia Nicole Moreno, defensora transgénero de los derechos humanos

Al parecer, unos agentes de policía han propinado una paliza a una mujer transgénero, activista sobre el VIH/sida y profesional del sexo, después de que ésta se negara a darles su dinero. A continuación la amenazaron de muerte si denunciaba el incidente. La vida de esta mujer corre peligro. Otras tres mujeres transgénero –la última de ellas Cintia Nicole Moreno, el 9 de enero– han muerto de forma violenta en una zona cercana en los tres últimos meses.

Cuatro agentes de policía en un auto patrulla se acercaron a la mujer transgénero –que ha pedido a Amnistía Internacional que no haga público su nombre– hacia la una menos cuarto de la madrugada del 20 de diciembre de 2008 en el distrito de Palmira, en la capital, Tegucigalpa. En ese momento, ella trabajaba como profesional del sexo. Los policías trataron de robarle y, al oponer ella resistencia, la agarraron del pelo y le golpearon repetidamente la cabeza contra una ventana cercana, hasta el punto de romper el cristal. La mujer sufrió numerosos cortes en la cara y las rodillas.

Los agentes entonces le dijeron que iban a detenerla por romper una ventana para entrar por la fuerza en una propiedad privada. La llevaron a la comisaría local, y luego a un centro de salud de la zona para que la trataran de sus heridas. Como sangraba, ella informó a los agentes de que era seropositiva, y éstos le respondieron: “perra sidosa, gente como ustedes tiene que estar en un lugar aparte”. Durante el camino, también le dijeron: “si hablas, te dejaremos muerta en el monte”. Luego la llevaron de vuelta a la comisaría, y la dejaron en libertad sin cargos hacia las once y media de la mañana. La mujer transgénero ha presentado recientemente una denuncia formal por este incidente ante la sección de derechos humanos del Ministerio Público.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las mujeres transgénero que trabajan como profesionales del sexo sufren agresiones frecuentes de clientes o policías. Tres de ellas han muerto a manos de individuos no identificados en los últimos tres meses mientras trabajaban en la zona de Comayagüela, cerca de Palmira. Jazmín Zelaya murió el 30 de octubre de 2008, y su cadáver se encontró junto a una carretera. Otra mujer transgénero murió el 17 de diciembre de 2008. Cintia Nicole Moreno, también activista que trabajaba para promover los derechos humanos de las personas transgénero, murió el 9 de enero de 2009 hacia la una de la madrugada. No se ha llevado a nadie ante la justicia por estos homicidios.

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

– expresando preocupación por la seguridad de la defensora transgénero de los derechos humanos golpeada y amenazada de muerte, al parecer por cuatro policías, en el distrito de Palmira, Tegucigalpa, el 20 de diciembre
– instando a las autoridades a garantizar que se toman medidas inmediatas, efectivas y adecuadas para garantizar la seguridad de esta defensora, de estricta conformidad con los deseos de la propia afectada
– pidiendo al fiscal general del Estado que ordene investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre este y otros incidentes de acoso, agresiones violentas y homicidios de personas transgénero, que haga públicos los resultados de esas investigaciones y que lleve a los responsables de estos hechos ante la justicia
– pidiendo al presidente y al ministro de Seguridad Pública que dejen claro que la violencia contra las personas transgénero no se tolerará, y que los responsables de estos delitos comparecerán ante la justicia.

Estados Unidos: Preocupación jurídica

En la página de la Red de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Estados Unidos: Preocupación jurídica
17 detenidos uigures recluidos en Guantánamo

Diecisiete uigures permanecen recluidos bajo detención militar indefinida en la base naval estadounidense de bahía de Guantánamo, Cuba, más de un mes después de que un juez federal resolviera que su prolongada detención es ilegal y ordenara que fueran liberados en territorio estadounidense. El gobierno obtuvo de un tribunal superior una suspensión de emergencia de la orden, y ahora ese tribunal superior celebrará una vista oral el 24 de noviembre para escuchar los argumentos sobre el tema.

Estados Unidos ha admitido que los uigures no pueden ser devueltos a su China natal porque allí correrían un grave peligro de tortura o ejecución. Sin embargo, en sus más de cuatro años de intentarlo no ha podido encontrar un país dispuesto a aceptarlos. Según afirma, se ha puesto en contacto –en ocasiones más de una vez– con casi un centenar de países. Está claro que, en la actualidad, la única manera de poner fin a la detención indefinida de los uigures es dejarlos en libertad dentro de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno se niega a contemplar esa posibilidad, y ha acudido a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia para que anule la orden del juez Urbina y permita que los detenidos permanezcan en Guantánamo hasta que se encuentre la solución de un tercer país que Estados Unidos no ha podido encontrar desde hace años.

El gobierno alega que la orden del juez Urbina debe anularse porque “salvo que la ley autorice lo contrario, ningún tribunal está facultado para revisar la decisión del ejecutivo de excluir a un extranjero de este país”. El juez Urbina había reconocido lo delicado de la intervención judicial en “un ámbito normalmente dominado por las ramas políticas”, pero señaló que era el gobierno el que había llevado a los uigures a Guantánamo, que no los había acusado de delito alguno ni había presentado “pruebas fiables de que puedan constituir una amenaza para los intereses estadounidenses”, y que es el gobierno el que ha “frustrado” sus propios esfuerzos por encontrar un tercer país que los acoja, ya que hasta hace poco los ha calificado de “combatientes enemigos”. El juez Urbina señaló también que había personas y organizaciones dispuestas a ayudar a los uigures a reasentarse en Estados Unidos “proporcionándoles alojamiento, trabajo, dinero, educación y otros servicios espirituales y sociales”.

El juez Urbina había preguntado al gobierno qué amenaza constituirían los uigures en caso de ser puestos en libertad en territorio estadounidense, pero el gobierno no presentó ninguna prueba al respecto. Ahora, en su intento de conseguir la anulación de la orden, el gobierno ha retratado a los uigures como individuos peligrosos que “trataron de hacer una campaña de terror contra un gobierno soberano” y que recibieron “adiestramiento en el manejo de armas” en Afganistán tras huir allí desde China. Desde entonces, una juez de la Corte de Apelaciones ha señalado que el gobierno no ha presentado “prueba alguna” de que los uigures constituyan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos “o para la seguridad de la comunidad o de cualquier persona”. La juez añadió que el hecho de que uno o más de los uigures recibieran adiestramiento en el manejo de armas de fuego “no demuestra por sí solo que sean peligrosos, a menos que millones de ciudadanos estadounidenses que han recibido adiestramiento en el manejo de armas de fuego sean considerados peligrosos”.

El gobierno alega que, incluso si los uigures “estuvieran de pie en la frontera de la nación”, probablemente se les denegaría la entrada por motivos de seguridad, en virtud de la imprecisa ley de inmigración estadounidense. Incluso si los uigures “tuvieran algún derecho a entrar en Estados Unidos y ser liberados en territorio nacional”, serían puestos inmediatamente bajo detención indefinida en virtud de la ley de inmigración en espera de ser expulsados del país.

El gobierno ha afirmado que “se están llevando a cabo negociaciones sobre la posibilidad de que sean reasentados en terceros países”. Alega que una decisión que obligue al gobierno a liberar a los uigures en territorio estadounidense complicaría esas negociaciones. Según sugiere, si se llevara a los 17 uigures a Estados Unidos, “incluso nuestros amigos y aliados podrían verse menos inclinados a participar en los esfuerzos de reasentamiento para los demandantes (o, de hecho, para cualquier otro detenido)”. El hecho, no obstante, es que esos esfuerzos del Departamento de Estado estadounidense –infructuosos durante años– ya se han visto minados por la conducta del propio gobierno, tanto por haberlos calificado anteriormente de “combatientes enemigos” como por su reciente campaña de insinuaciones de que son peligrosos.

En sus informes a la Corte de Apelaciones, el gobierno ha pintado una imagen benévola de las condiciones en las que los uigures permanecen ahora “alojados” en el Campo Iguana de Guantánamo: “alojamientos comunitarios especiales con acceso a todas las áreas del campo, incluidos un espacio recreativo al aire libre y una zona de picnic”, dormitorios “en un barracón con aire acondicionado”, y “el uso de una sala de actividades equipada con diversos artículos de ocio, incluido un televisor con reproductores de vídeo y de DVD”. Los uigures también “tienen acceso a comidas especiales, duchas y materiales de biblioteca”. Aunque las condiciones actuales de los uigures son menos duras que las que han soportado anteriormente, especialmente en el Campo 6, siguen estando encarcelados. Están aislados del mundo exterior, rodeados de vallas y alambres de cuchillas, vigilados por guardias armados y por cámaras de vigilancia activadas las 24 horas del día, y con tan sólo un pequeño espacio para actividades de ocio. En las visitas de sus abogados permanecen encadenados al suelo.

Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

– expresando preocupación porque los uigures continúan recluidos en detención indefinida en Guantánamo, y porque el gobierno sigue litigando para mantenerlos allí hasta que surja la solución de un tercer país que no ha podido encontrar durante años
– expresando preocupación por el retrato no fundamentado que, en su estrategia de litigio, el gobierno estadounidense está haciendo de los uigures como individuos peligrosos, ya que esta insinuación sólo servirá para dificultar aún más la solución de un tercer país
– aplaudiendo el apoyo que la comunidad local de Estados Unidos ha prometido prestar a los uigures para ayudarlos a adaptarse a la vida fuera de Guantánamo
– pidiendo al gobierno estadounidense, en nombre del humanitarianismo y la justicia, que libere a los detenidos uigures en territorio estadounidense, y que trabaje para garantizar una solución justa, segura y duradera para estos hombres

Discriminacion contra romaníes

En la página de Amistía Internacional (España):

Italia debe poner fin a la discriminación contra la población romaní

10 septiembre 2008

Desde 2007, las comunidades y asentamientos romaníes ubicados en Italia han sido discriminados de forma continuada. Las autoridades italianas han tomado una serie de medidas desproporcionadas y discriminatorias en nombre de la “seguridad” que discriminan de facto a la minoría romaní. Asimismo, han puesto en marcha recientemente una iniciativa para reunir las huellas dactilares de todos los habitantes, tanto adultos como menores, de los asentamientos romaníes del país.

A menudo estas medidas van acompañadas de discursos discriminatorios hacia los romaníes pronunciados por políticos tanto en el ámbito local como nacional, y de un trato despectivo por parte de los medios de comunicación locales y nacionales. La estigmatización y el miedo que se han ido sembrando han creado un clima en el que los ataques a personas se toleran cada vez más. Los romaníes han sido víctimas de varios ataques llevados a cabo por muchedumbres, en los que se los agredió física y verbalmente y se prendió fuego a los asentamientos.

El 11 de mayo de 2008 en Novara, ciudad próxima a Milán, varias personas arrojaron cócteles molotov contra un asentamiento romaní.

El 13 de mayo de 2008, después de que se detuviera a una adolescente romaní a la que se había sorprendido en el interior de un apartamento tratando, presuntamente, de secuestrar a un bebé de seis meses, una multitud enfurecida salió a las calles del barrio de Ponticelli, situado en la periferia de Nápoles, y expulsaron de tres asentamientos de la zona a todas los romaníes que encontraron. Se arrojaron cócteles molotov contra los asentamientos, que fueron arrasados por el fuego en su mayor parte, lo que obligó a más de 500 romaníes, la mitad de los cuales eran menores de edad, a abandonarlos. La imagen supra muestra lo que queda de un asentamiento romaní de Ponticelli.

En los meses de junio y julio de 2008 se produjeron ataques parecidos.

A la luz de estos sucesos, Amnistía Internacional insta a las autoridades italianas a que dejen de pronunciar discursos denigrantes contra la población romaní y a que tomen todas las medidas necesarias para proteger a esta comunidad y para garantizar su inclusión activa en la sociedad.

La organización pide a las autoridades a que pongan fin a los ataques perpetrados contra la comunidad romaní por actores no estatales y a que garanticen que se investigarán exhaustivamente todos los ataques cometidos contra asentamientos romaníes y que se llevará ante la justicia a los autores.¡Actua!

Las autoridades deben asegurarse, asimismo, de que la clase política, ya sea a nivel local o nacional, no justifique los ataques cometidos contra los asentamientos romaníes.

Irán: ¡Dos menores en peligro de ejecución inminente!

En la página de Amnistía Internacional:

Irán: ¡Dos menores en peligro de ejecución inminente!

Behnoud Shojaee y Mohammad Feda’i podrían ser ejecutados en Irán en torno al 12 de agosto. Ambos fueron condenados a muerte tras ser declarados culpables de homicidios cometidos cuando eran menores de edad. Ninguno de los dos contó con una asistencia letrada adecuada durante el juicio.

Behnoud y Mohammad fueron condenados a quesas, es decir, a un castigo equivalente al delito cometido. Los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir que se les ejecute o a indultarlos a cambio de una compensación económica.

El 12 de junio el presidente de la Magistratura de Irán, ayatolá Mahmoud Hashemi Shahroudi, suspendió durante un mes la ejecución de Behnoud y Mohammad para que sus familiares tuviesen más tiempo para negociar con las familias de las víctimas el pago de la diyat (indemnización).

El derecho internacional prohíbe la ejecución de personas menores de edad en el momento de cometer el delito. Por ello, Irán, Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niños y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe conmutar inmediatamente la pena de muerte a Behnoud y a Mohammad y poner fin a estas ejecuciones.

Desde 1990, Irán ha ejecutado al menos a 30 personas que eran menores de 18 años en el momento de cometer los delitos y se sabe que en la actualidad al menos otras 85 están a la espera de ejecución.

¡Ayúdanos a impedir la ejecución de Behnoud y de Mohammad, así como de los otros menores condenados a muerte en Irán!

Israel: Temor por la seguridad

En la página de la Red de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional:

Israel: Temor por la seguridad
Civiles palestinos de la Franja de Gaza

La Fuerza de Defensa israelí ha matado a más de 100 palestinos durante una incursión de cinco días en la Franja de Gaza que acabó el 3 de marzo. Entre las víctimas hay extremistas palestinos implicados en ataques contra Israel, pero, según la información disponible, al menos la mitad de ellas son civiles desarmados, que no participaban en los combates, y de éstos, al menos 25 son menores. Según informes, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha manifestado que este tipo de acciones militares podrían repetirse si los grupos armados palestinos continúan disparando cohetes contra Israel. Amnistía Internacional teme que, si no se ejerce una fuerte presión sobre el gobierno israelí, haya nuevos ataques en los que el uso temerario y desproporcionado de la fuerza cause otra vez muertes de civiles palestinos no implicados en los combates.

En lo que va de año, los ataques de Israel contra la Franja de Gaza han matado a más de 230 palestinos, muchos de ellos civiles. El gobierno israelí afirma que se trata de ataques selectivos contra extremistas, emprendidos en respuesta a los centenares de cohetes que los grupos armados palestinos lanzan desde Gaza contra la población civil de las ciudades del sur de Israel. El 27 de febrero murió un civil israelí en uno de estos ataques con cohetes, y decenas más resultaron heridos como consecuencia de ellos. Sin embargo, los recientes ataques de la Fuerza de Defensa Israelí son desproporcionados y superan las medidas legítimas que las autoridades israelíes tienen derecho a tomar en respuesta a las agresiones de grupos armados.

Según información del 2 de marzo, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, también ha dicho que las autoridades israelíes están considerando la posibilidad de utilizar artillería contra los lugares desde los que se lanzan los cohetes palestinos aunque estén situados en zonas pobladas de la Franja de Gaza. El uso de artillería de este modo causará casi inevitablemente más muertes entre la población civil palestina del territorio.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las autoridades israelíes mantienen un bloqueo contra la Franja de Gaza desde junio de 2007, cuando Hamás tomó por la fuerza el poder allí. El bloqueo impide casi totalmente la entrada y salida de personas y productos de Gaza. Quienes quieren salir de allí deben pedir un permiso a la autoridades israelíes, pero éstas lo conceden en muy pocos casos, por lo que hay muchas personas heridas o enfermas que no pueden hacerlo. Se han impuesto estrictas restricciones a la entrada de productos a la Franja de Gaza, y las exportaciones están prácticamente prohibidas. Según información publicada el 3 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hospitales donde se atiende a las centenares de personas heridas en los recientes ataques israelíes carecen de equipos médicos que funcionen debidamente. En la información de la OMS se indica que, según el Ministerio de Salud de Gaza, en “las principales farmacias hay disponibilidad cero” de 85 medicamentos básicos, “en su mayoría fármacos necesarios para los quirófanos y las intervenciones de emergencia”. El 4 de marzo, los organismos de la ONU dijeron que de un total de 87 ambulancias, 30 no estaban en funcionamiento por falta de combustible; y los hospitales tienen combustible para los generadores sólo para cuatro días más.

Las autoridades israelíes justifican sus ataques y el bloqueo de la Franja de Gaza señalando que los grupos armados palestinos continúan lanzando desde allí cohetes contra el sur de Israel, donde ponen en peligro a la población civil israelí. Amnistía Internacional continúa pidiendo a los grupos armados palestinos que pongan fin a tales ataques contra civiles e insta una vez más a Hamás y a la Autoridad Palestina a que impidan los ataques y hagan rendir cuentas a quienes los efectúan.

Entren y actúen
Mario.